Según David Beetham son necesarias tres condiciones para poder afirmar la legitimidad de un sistema de gobierno representativo:
1) la conformidad con las reglas establecidas;
2) la justificabilidad de las reglas por referencia a creencias compartidas, y
3) el consentimiento expreso de los subordinados a las particulares relaciones de poder.
Así, la legalidad constituye tan sólo una dimensión, necesaria pero no suficiente, de la legitimidad: las normas mismas requieren justificación, consideraciones morales que las trascienden. La justificabilidad del poder en razón de creencias compartidas implica un principio de diferenciación entre gobernantes y gobernados en base a criterios no solamente racionales y organizativos sino también y principalmente morales y éticos, una fuente autorizada de valores compartidos para el fundamento de las normas y un interés común entre gobernantes y gobernados al servicio del cual está el sistema y el poder político.
Siendo así contempladas las cosas, desde éste enfoque ¿Cuántos ciudadanos creéis que en Baleares, España y la Unión sienten realmente como legítimo el gobierno y el sistema representativo que administra los recursos humanos, materiales y políticos de nuestra sociedad?
Los títeres responsables de la instrumentalización de “la política” en general a favor de los intereses particulares o de las estructuras clientelares que los colocan y mantienen en el poder a expensas y en contra del Bien Común, serán también los responsables de las históricamente demostradas consecuencias de un descreimiento generalizado en la política y en los sistemas democráticos como instrumentos para administrar, gestionar, regular y ordenar con libertad y pluralismo el amplio territorio de los asuntos sociales, económicos y cultrales.
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