miércoles, 2 de marzo de 2011

Sobre las Administraciones Locales en España

Comparto con vosotros unos párrafos del profesor de administraciones públicas de la UNED José Antonio Olmeda Gómez sobre nuestros ayuntamientos. Creo que dan para que reflexionemos un poquito ¿Verdad?

Las Administraciones Locales, en especial los ayuntamientos, se han convertido en una suerte de “pariente pobre” del Estado autonómico. El número excesivo de ayuntamientos de tamaño exiguo, su sobrecarga de competencias y demandas ciudadanas que atender para las que carecen de financiación suficiente y por lo que han recurrido a la urbanización acelerada para recabar esos recursos financieros que no llegan de otras fuentes. Su empleo público se ha considerado botín político por los partidos políticos que han obtenido mayorías en sus términos municipales, consagrando prácticas clientelares y de patrimonialización de lo público. Las comunidades autónomas las miran por encima y el Gobierno de la Nación suele hacer caso omiso de sus razonables demandas, y entre ambos, con responsabilidades específicas de las comunidades, han sido incapaces de racionalizar una planta municipal a todas luces desproporcionada.”


“La proliferación de niveles locales resulta claramente disfuncional para la prestación de servicios y sólo sirve para generar empleo público innecesario excepto para su consideración como botín para los partidos políticos de esas circunscripciones.”

“En general, las cifras indican, de forma comparada, que nuestro mapa local es claramente disfuncional para la prestación de los servicios públicos significativos por parte de los entes locales. Varias razones se han apuntado para explicar la persistencia de esta disfuncionalidad: la pesada herencia del modelo municipal tradicional napoleónico, la ausencia de un interlocutor unificado que represente a esta pluralidad de intereses locales, el nulo interés de las comunidades autónomas en dotar de mayor capacidad financiera a unas corporaciones locales a quienes ven como competidoras, en especial si la mayoría política gobernante es distinta de la mayoritaria en la comunidad, y la falta de incentivos propiciatorios de una reforma en profundidad para las propias fuerzas políticas nacionales y para las minorías particularistas.”

“El sector público local y autonómico ha crecido con todo tipo de mayorías políticas porque es un mecanismo de endeudamiento extrapresupuestario que permite la evasión de los controles contables vigentes, excluyéndose sus magnitudes económicas de las cuentas consolidadas de la administración local o autónomica a las que esté adscrita” (Gómez Agustín)

“La situación crítica de las haciendas locales provocada por la expansión de los gastos para intentar afrontar las crecientes demandas y la contracción de los recursos por la escasez y rigidez de las capacidades impositivas locales y los problemas de las transferencias del Estado, lo que favorece la aparición del déficit y del endeudamiento. Esta situación crítica junto con la utilización de la regulación sobre cuestiones urbanísticas pueden explicar parcialmente la denominada burbuja de la vivienda en España y su utilización por parte de los Ayuntamientos para financiar los servicios municipales.”

“La política de gestión de personal plantea también problemas de cierta envergadura pues las necesidades de personal cualificado aumentan continuamente en los grandes municipios y en los rurales, mientras que estos últimos apenas pueden cubrir sus plantillas, los primeros no pueden competir por su escasa retribución con otras administraciones y con el sector privado. Al recurrirse al personal laboral se favorece la inestabilidad y el empleo precario y además puede aumentar la carga financiera. Adicionalmente, el ámbito local ha sido propicio a prácticas clientelares según las cuales los principios de mérito y capacidad no siempre han primado a la hora de contratar personal.

“El problema del inframunicipalismo, derivado de la aplicación del modelo francés que identifica municipio y casco urbano, sigue caracterizando la planta municipal de la democracia española, convirtiendo a los municipios rurales en organismos meramente representativos y disfuncionales para la prestación de servicios y la cooperación con otros niveles de gobierno y administración.”

“El problema fundamental de los gobiernos locales es la disparidad estructural entre las competencias formalmente atribuidas y las ejercidas realmente y la falta de recursos financieros para hacer frente a ambas, motivada en parte también por el excesivo número de entidades locales existentes lo que impide el desarrollo de economías de escala.”


“Como ha resaltado un reciente estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP 2006: 29): “

“Frente a los grandes objetivos que pretendía la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales: simplificar el sistema de ingresos; facilitar su gestión; dotarlo de mayor potencia recaudatoria e incrementar la responsabilidad fiscal, nos encontramos, dieciséis años más tarde, con la supresión unilateral del IAE pareja a una dudosa y parca compensación; con acuciantes necesidades de actualización del Catastro; con varias exenciones fiscales sobre tributoslocales, generalmente sin compensación; con una participación estancada de la PIE; con serias dificultades al endeudamiento local; con severas limitaciones de financiación por la ley de estabilidad presupuestaria; con indecisión política para abordar el Pacto Local; sin participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas”.

Y resume con claridad las graves insuficiencias de la situación actual:

1) una insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado, cuyos criterios de distribución, por ejemplo, priman excesivamente el elemento "población";

2) una inexistente y/o muy insuficiente participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas: una participación, además, inestable y excesivamente tutelada;

3)unos recursos propios doblemente inadecuados: a)en cuanto a la significación, gama, y rendimiento de las principales figuras tributarias; b)en cuanto a la definición y capacidad de las tasas para cubrir, a una altura razonable, los servicios correspondientes;

4) un incesante incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras Administraciones Públicas mantienen con los municipios.


Desde otro ángulo complementario Rubio Guerrero (2008: 68) ha destacado críticamente que la aprobación de nuevos estatutos regionales que condicionan la integridad del modelo de financiación del Estado supone la inhibición de éste con respecto a la reglamentación racional e integral de las bases de la financiación local. De lo cual podrían derivarse tanto la quiebra de un régimen local homogéneo para todo el territorio nacional, lo que afectará a la garantía de solidaridad y cohesión ya deteriorada por la existencia de los privilegiados regímenes forales, y el cuestionamiento de la autonomía política local al convertirse sus entes en meros ejecutores de la voluntad de las comunidades autónomas. Dado que la generalidad de los estudios sobre las haciendas locales suelen comenzar entonando la letanía sobre su olvido, debilidad e infradotación crónica y transcurridos ya treinta años de ayuntamientos democráticos cabe pensar que no nos encontramos frente a un “olvido” sino a un rasgo estructural que no se modifica porque no hay actores políticos interesados en ello. Por una parte, las elites locales fragmentadas no están interesadas en que disminuya el número de cargos políticos y por tanto su tamaño. Los partidos políticos perderían una valiosa fuente de financiación ilegal vía la corrupción urbanística que se utiliza impropiamente para recabar fondos que no llegan de otras fuentes (Zornoza, Martín Fernández 2008).

“Históricamente, el personal al servicio de las entidades locales se ha mantenido al margen de los grandes hitos profesionalizadores que han afectado al personal de la Administración General del Estado lo que ha consagrado cierta excepcionalidad. A ello hay que añadir que su institucionalización en el nuevo régimen democrático ha impulsado el predominio de la figura de la contratación laboral en detrimento del modelo funcionarial para la configuración de su sistema de empleo, dejándolo en las manos de las nuevas elite locales. El resultado es que las entidades locales se han convertido en uno de los viveros de nuestro Estado de partidos y un escenario privilegiado para el desarrollo de prácticas clientelares y patrimonializadoras de lo público por parte de dichos partidos

“El personal laboral contratado por los ayuntamientos ha pasado de 64.766 en 1975 a 397.958 en 2010, un aumento del 614,5 por cien. Cabe pensar sin un ejercicio desmedido de imaginación que el vertiginoso reclutamiento de buena parte de estos últimos y de los funcionarios de cada corporación ha solido seguir las pautas adscriptivas y particularistas que caracterizan históricamente a la sociedad española y a las prácticas clientelares que definen a nuestro Estado de partidos. Criterios lejanos en todo caso de los principios de mérito y capacidad que se consagran formalmente en la Constitución de 1978.”

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