domingo, 17 de julio de 2011

Rasgos de una sociedad razonablemente moderna.

Entre los rasgos o características que suelen aducirse para establecer la condición o el grado de modernidad de una sociedad, según Salvador Giner se encuentran habitualmente los siguientes:

1-  Desarrollo de las comunicaciones: la sociedad moderna está altamente comunicada entre todos sus puntos; en ella, el espacio social tiene un bajo nivel de correlación con el espacio geográfico; la circulación de bienes, personas e información es extremadamente rápida, lo cual implica una presencia inmediata del centro en la periferia. Sociedad moderna es, también, aquella en la cual hay medios técnicos de comunicación de masas: prensa, radio, televisión, cine, lelégrafo, teléfono, lélex, internet, etc.

2-  Hedonismo, consumismo, secularización: el habitante de la sociedad moderna es característicamente individualista, adicto a los derechos, libertades y consumos personales; una cierta forma de hedonismo impregna su comportamiento. El principio de la "autorrealización" en un Contexto de relaciones competitivas tiende a convertirse en valor dominante. Por otra parte, este desarrollo individual aparece ligado al acceso abundante a bienes y servicios, bien por la vía del consumo privado, bien por la vía de los servicios públicos (considerando que el estado es responsable de determinadas parcelas del bienestar de los individuos). Ambos aspectos se conectan, finalmente, con una tendencia a la secularización de los valores, lo que no implica la desaparición de la cultura religiosa, sino sólo la pérdida del monopolio por parre de ésta.

3-  Preponderancia de los grupos asociativos: sin desaparecer, las formas comunitarias de agrupación van perdiendo funciones y significado en la vida de los individuos. Así, por ejemplo, si bien la familia continúa siendo un ámbito primordial de relaciones humanas básicas, pierde importancia como espacio de la socialización (a favor de la escuela, los medios de comunicación, etc.) y como unidad económica. Las formas asociativas o secundarias de agrupación (profesional es, sindicales, ideo lógicas, políticas,etc.) pasan a ocupar un lugar preeminente. Los mecanismos de identificación emocional se desplazan a ámbitos más amplios, como la clase social o la nación.

4-   Autoridad legalista y racionalidad burocrática: las formas políticas de la modernidad se caracterizan por la consolidación del Estado (homogeneización del poder sobre el conjunto del territorio), de la forma burocrática de administración del poder y de la referencia a la voluntad popular o nacional como principio de la legitimidad (con formas democráticas, populistas o dictatoriales). 

5- Industrialización, urbanización: característica de la sociedad moderna es la preeminencia de las actividades económicas de industria y servicios frente a las del sector primario (agrícolas y extractivas). De hecho, uno de los indicadores más utilizados para describir los procesos de modernización es la evolución sectorial de la población activa. Asimismo, suele considerarse que el proceso de industrialización comporta la concentración de la población en ciudades y, también, la configuración de estructuras sociales y formas de estratificación complejas, basadas en una sofisticada división del trabajo. Ligado a esta dimensión de la modernidad estaría un crecimiento económico sostenido, con una elevada producción por habitante a causa de la innovación tecnológica y de la racionalización.

6-   Institucionalización del conflicto y de los cambios en la estructura: los diversos grupos de intereses son reconocidos e institucionalizados. se establecen normas para dirimir los conflictos y mecanismos de arbitraje y conciliación; el estado asume funciones de mediación entre los diversos agentes económicos y sociales. Los procesos de reproducción de las estructuras según atribuciones heredadas (élites cerradas, clases altas poco permeables, sistemas educativos muy poco abiertos a estudiantes de extracción popular) van dando paso a procesos basados en el logro, con estructuras de estratificación más abiertas.

El bienestar humano según Amartya Sen


Amartya Sen
El bienestar humano es el estado en que los individuos tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tienen motivos para valorar. La capacidad de las personas para procurarse una vida que valoren está determinada por una diversidad de libertades instrumentales. El bienestar humano implica tener seguridad personal y ambiental, acceso a bienes materiales para llevar una vida digna, buena salud y buenas relaciones sociales, todo lo cual guarda una estrecha relación con y subyace a la libertad para tomar decisiones y actuar:

- La salud es un estado de absoluto bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad. Tener buena salud no solo significa estar fuerte y sano y sentirse bien sino también estar libre de enfermedades prevenibles, tener un entorno físico saludable y acceso a energía, agua segura y aire limpio. Lo que se puede ser y hacer supone, entre otras cosas, la capacidad para mantenerse en una buena condición física, minimizar la preocupación por la salud y garantizar el acceso a atención sanitaria.

- Las necesidades materiales están relacionadas con el acceso a los bienes y servicios de los ecosistemas. La base material para tener una buena vida incluye medios de sustento asegurados y adecuados, suficientes alimentos y agua limpia en todo momento, alojamiento, vestido, acceso a energía para calefacción y acondicionamiento de aire y acceso a bienes.

- La seguridad está relacionada con la seguridad personal y ambiental. Implica el acceso a recursos naturales y de otro tipo y estar libre de violencia, actividades delictivas y guerras (motivadas por fuerzas motrices ambientales), así como seguridad frente a catástrofes naturales y provocadas por la actividad humana.

- Las relaciones sociales hacen referencia a las características positivas que definen la interacción entre los individuos, como la cohesión social, la reciprocidad, el respeto mutuo, buenas relaciones de género y familiares y la capacidad para ayudar a los demás y mantener a los hijos.

Aumentar las oportunidades reales que las personas tienen para mejorar sus vidas requiere abordar todos estos aspectos. Esto está estrechamente ligado a la calidad del medio ambiente y a la sostenibilidad de los servicios proporcionados por los ecosistemas. Por lo tanto, es posible realizar una evaluación del impacto del medio ambiente en el bienestar de las personas mapeando el impacto del medio ambiente en los distintos componentes del bienestar.

domingo, 26 de junio de 2011

PRINCIPALES ASPECTOS DEL RÉGIMEN ELECTORAL ESPAÑOL.


Los principales aspectos de la normativa electoral están recogidos en la Constitución Española en el artículo 23, artículo 13.2, art. 66 y, de primordial relevancia para el procedimiento electoral para la elección de las cortes generales, el artículo 68. Podemos resumir, a los efectos que nos atañen a esta entrada, el contenido de dicho artículo como sigue: 
  • -El congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.
  • -La circunscripción electorales la provincia.
  • -La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
Es necesario resaltar asimismo que los posibles cambios en materia electoral son objeto de una reforma ordinaria de la Carta Magna y su viabilidad depende únicamente del grado de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas cuyo consenso requiere una mayoría de tres quintos de las cámaras. Asimismo, considero necesario resaltar que la modificación de elementos del sistema electoral regulados por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como son la barrera legal del 3% de votos válidos por circunscripción, la fórmula de reparto D’Hondt, o la confección por parte de los partidos de listas cerradas y bloqueadas pueden ser modificados sin necesidad de ninguna reforma del texto constitucional.

Sin entrar en detalles podemos afirmar que debido a las circunstancias sociopolíticas de la transición y la reciente historia de España, la voluntad del constituyente fue crear una cámara poco fragmentada con un considerable refuerzo de los partidos grandes ampliamente repartidos por todo el territorio y, consiguientemente, una limitación a los pequeños partidos de no estar concentrados en las grandes ciudades o zonas densamente pobladas.

Como consecuencia de la normativa electoral el Congreso de los Diputados no es un reflejo exacto o muy aproximado del electorado español. Aunque el espíritu de la norma electoral es el de la representación proporcional, la representatividad real derivada es proporcional en las grandes circunscripciones pero produce efectos mayoritarios en el resto de los distritos, que son la mayoría, dado el tamaño pequeño o mediano de casi todas las circunscripciones españolas (promedio de entre 6 ó 7 escaños por circunscripción).

Los elementos del sistema electoral que más influyen en sus resultados son :una cámara pequeña (350 miembros); una división del territorio en 52 circunscripciones (cuantos más distritos menor es la proporcionalidad) y una atribución inicial de dos escaños a cada provincia. Como existe una distribución desigual de la población entre las distintas circunscripciones, los dos escaños iniciales favorecen a las provincias más despobladas cuestionando el valor equivalente del voto. El tamaño relativamente pequeño de los distritos electorales reduce, como hemos señalado, la proporcionalidad y es, probablemente, el elemento más influyente en los resultados electorales ya que cuantos más escaños están disponibles para repartir mejor se ajusta el reparto de escaños a la distribución de votos.

El catedrático de ciencia política de la Universidad Autónoma de Madrid, José Ramón Montero Gibert realiza la siguiente clasificación que muestra los efectos mayoritarios o proporcionales del sistema electoral en la composición del congreso, según que el distrito sea pequeño, grande o mediano. Así, en función de su magnitud, cabría agruparlos en tres tipos o “subsistemas”:

Mayoritario, que incluye a treinta distritos a los que corresponde un máximo de cinco escaños suponiendo un 33% de la composición del congreso. En éste grupo de distritos se produce una gran sobrerrepresentación en la relación electores/escaños y los efectos del sistema electoral son claramente mayoritarios, lo que favorece el bipartidismo al provocar la concentración de escaños en los dos principales partidos.

Proporcional, incluye a los seis distritos con diez o más escaños (entre ellos Madrid y Barcelona con más de treinta cada uno) y suponen otro 33% de la composición del congreso. La proporcionalidad del sistema aquí sí es efectiva, lo que favorece un mayor pluralismo representativo.

Proporcional corregido, está formado por dieciséis distritos con entre seis y nueve escaños y representa el 34% de la composición del congreso. Es un tipo intermedio entre los anteriores ya que los resultados del sistema electoral están entre la proporción y la mayoría.

Podemos así comprobar que sólo la tercera parte del Congreso de los diputados es resultado de una representación proporcional estricta mientras que el resto refleja los efectos mayoritarios del sistema. Así, el sistema electoral mediante la fórmula proporcional D´Hondt sólo produce efectos proporcionales en los grandes distritos. Es por eso también que la barrera legal del 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción tiene muy pocos efectos reductores de la proporcionalidad excepto en las grandes circunscripciones. Mención aparte merecen los umbrales electorales legales en ayuntamientos donde la barrera del 5% hace al sistema todavía menos proporcional dejando fuera del reparto a los partidos que no lo superan y favoreciendo a los dos partidos con mayor número de votos.
La fórmula D´Hondt tiende a sobre representar a los partidos grandes porque cuantos más votos se alcanzan, más fácil resulta obtener un escaño adicional, así el coste marginal de un escaño es decreciente. La fórmula d’Hondt es sensible al tamaño del distrito: en circunscripciones con pocos diputados, introduce distorsiones a la representación y favorece el bipartidismo. En cambio, en distritos más grandes (a partir de 9 representantes aproximadamente) produce un resultado básicamente proporcional. Existen otras fórmulas de adjudicación proporcional de escaños como el método por cocientes de Saint-Laguë o fórmulas por cuotas como la de Hare pero un cambio de fórmula no mejorará apenas por sí mismo la proporcionalidad en circunscripciones muy pequeñas. Si una reforma de estas características no va acompañada de una modificación del tamaño de los distritos más pequeños el impacto sobre la proporcionalidad será escaso.

La interacción de los elementos configuradores del sistema electoral al congreso ha producido una cámara moderadamente fragmentada con una sobrerrepresentación evidente del partido más votado. La desproporcionalidad que produce el sistema es tan fuerte que un partido puede lograr la mayoría absoluta solamente con un 42% de los votos aproximadamente. El efecto de la fórmula electoral por sí misma, tiende a favorecer a los dos primeros partidos, pero si, además, sumamos unas circunscripciones relativamente pequeñas, el efecto se agudiza. El reducido tamaño de las circunscripciones perjudica especialmente a los partidos pequeños o medianos de ámbito nacional aunque esto no ocurre con los partidos de ámbito autonómico cuyo electorado está concentrado en algunas circunscripciones. Asimismo, la representación desigual derivada de la disímil distribución de la población y de los dos escaños iniciales, tienden a favorecer a los partidos bien implantados en las circunscripciones medianas y pequeñas.

viernes, 24 de junio de 2011

Yo soy #15M

Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos.
Si me manifiesto en la calle es porque:

Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa.
Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad.
Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.
Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica.
Está a punto de firmarse un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.
Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.

Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:

Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones importantes.

Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos, decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos públicos.

Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política.
Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.

Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de privilegios fiscales a cargos electos.

Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de vivienda.

Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.
Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de manipulación mediática.

Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.

Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo (enlace al documento)

lunes, 23 de mayo de 2011

Las propuestas del 15-M. Breviario de consensos básicos para no perder el rumbo.

1 / Eliminación de los privilegios de la clase política: publicación obligatoria de patrimonios, imprescriptibilidad de delitos de corrupción, eliminación de la inmunidad asociada al cargo, reducción de cargos de libre designación... 

2/ Contra el desempleo: Jubilación a los 65, bonificaciones a empresas con menos empleo temporal, prohibición de despidos colectivos en empresas con beneficios, reparto del trabajo hasta que el desempleo baje del 5%... 

3 / Derecho a la vivienda: dación en pago para cancelar hipotecas, ayudas al alquiler a jóvenes, expropiación de viviendas en stock para destinarlas a alquiler protegido... 

4 / Servicios públicos: supresión de cargos inútiles en la Administración, contratación de más profesores y personal sanitario, financiación pública de la investigación... 

5 / Control de las entidades bancarias: prohibición de los rescates públicos, elevación de impuestos a la banca, quiebra o nacionalización de las entidades en dificultades... 

6 / Fiscalidad: aumento de impuestos a grandes fortunas, eliminación de las SICAV, recuperación del impuesto sobre el patromonio, tasa a las transacciones internacionales...

7 / Libertades ciudadanas: abolición de la «Ley Sinde», sistema electoral proporcional, referéndums vinculantes sobre cuestiones de calado, democracia interna en los partidos, protección del periodismo de investigación... 

8 / Reducción del gasto militar...

miércoles, 2 de marzo de 2011

Sobre las Administraciones Locales en España

Comparto con vosotros unos párrafos del profesor de administraciones públicas de la UNED José Antonio Olmeda Gómez sobre nuestros ayuntamientos. Creo que dan para que reflexionemos un poquito ¿Verdad?

Las Administraciones Locales, en especial los ayuntamientos, se han convertido en una suerte de “pariente pobre” del Estado autonómico. El número excesivo de ayuntamientos de tamaño exiguo, su sobrecarga de competencias y demandas ciudadanas que atender para las que carecen de financiación suficiente y por lo que han recurrido a la urbanización acelerada para recabar esos recursos financieros que no llegan de otras fuentes. Su empleo público se ha considerado botín político por los partidos políticos que han obtenido mayorías en sus términos municipales, consagrando prácticas clientelares y de patrimonialización de lo público. Las comunidades autónomas las miran por encima y el Gobierno de la Nación suele hacer caso omiso de sus razonables demandas, y entre ambos, con responsabilidades específicas de las comunidades, han sido incapaces de racionalizar una planta municipal a todas luces desproporcionada.”


“La proliferación de niveles locales resulta claramente disfuncional para la prestación de servicios y sólo sirve para generar empleo público innecesario excepto para su consideración como botín para los partidos políticos de esas circunscripciones.”

“En general, las cifras indican, de forma comparada, que nuestro mapa local es claramente disfuncional para la prestación de los servicios públicos significativos por parte de los entes locales. Varias razones se han apuntado para explicar la persistencia de esta disfuncionalidad: la pesada herencia del modelo municipal tradicional napoleónico, la ausencia de un interlocutor unificado que represente a esta pluralidad de intereses locales, el nulo interés de las comunidades autónomas en dotar de mayor capacidad financiera a unas corporaciones locales a quienes ven como competidoras, en especial si la mayoría política gobernante es distinta de la mayoritaria en la comunidad, y la falta de incentivos propiciatorios de una reforma en profundidad para las propias fuerzas políticas nacionales y para las minorías particularistas.”

“El sector público local y autonómico ha crecido con todo tipo de mayorías políticas porque es un mecanismo de endeudamiento extrapresupuestario que permite la evasión de los controles contables vigentes, excluyéndose sus magnitudes económicas de las cuentas consolidadas de la administración local o autónomica a las que esté adscrita” (Gómez Agustín)

“La situación crítica de las haciendas locales provocada por la expansión de los gastos para intentar afrontar las crecientes demandas y la contracción de los recursos por la escasez y rigidez de las capacidades impositivas locales y los problemas de las transferencias del Estado, lo que favorece la aparición del déficit y del endeudamiento. Esta situación crítica junto con la utilización de la regulación sobre cuestiones urbanísticas pueden explicar parcialmente la denominada burbuja de la vivienda en España y su utilización por parte de los Ayuntamientos para financiar los servicios municipales.”

“La política de gestión de personal plantea también problemas de cierta envergadura pues las necesidades de personal cualificado aumentan continuamente en los grandes municipios y en los rurales, mientras que estos últimos apenas pueden cubrir sus plantillas, los primeros no pueden competir por su escasa retribución con otras administraciones y con el sector privado. Al recurrirse al personal laboral se favorece la inestabilidad y el empleo precario y además puede aumentar la carga financiera. Adicionalmente, el ámbito local ha sido propicio a prácticas clientelares según las cuales los principios de mérito y capacidad no siempre han primado a la hora de contratar personal.

“El problema del inframunicipalismo, derivado de la aplicación del modelo francés que identifica municipio y casco urbano, sigue caracterizando la planta municipal de la democracia española, convirtiendo a los municipios rurales en organismos meramente representativos y disfuncionales para la prestación de servicios y la cooperación con otros niveles de gobierno y administración.”

“El problema fundamental de los gobiernos locales es la disparidad estructural entre las competencias formalmente atribuidas y las ejercidas realmente y la falta de recursos financieros para hacer frente a ambas, motivada en parte también por el excesivo número de entidades locales existentes lo que impide el desarrollo de economías de escala.”


“Como ha resaltado un reciente estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP 2006: 29): “

“Frente a los grandes objetivos que pretendía la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales: simplificar el sistema de ingresos; facilitar su gestión; dotarlo de mayor potencia recaudatoria e incrementar la responsabilidad fiscal, nos encontramos, dieciséis años más tarde, con la supresión unilateral del IAE pareja a una dudosa y parca compensación; con acuciantes necesidades de actualización del Catastro; con varias exenciones fiscales sobre tributoslocales, generalmente sin compensación; con una participación estancada de la PIE; con serias dificultades al endeudamiento local; con severas limitaciones de financiación por la ley de estabilidad presupuestaria; con indecisión política para abordar el Pacto Local; sin participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas”.

Y resume con claridad las graves insuficiencias de la situación actual:

1) una insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado, cuyos criterios de distribución, por ejemplo, priman excesivamente el elemento "población";

2) una inexistente y/o muy insuficiente participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas: una participación, además, inestable y excesivamente tutelada;

3)unos recursos propios doblemente inadecuados: a)en cuanto a la significación, gama, y rendimiento de las principales figuras tributarias; b)en cuanto a la definición y capacidad de las tasas para cubrir, a una altura razonable, los servicios correspondientes;

4) un incesante incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras Administraciones Públicas mantienen con los municipios.


Desde otro ángulo complementario Rubio Guerrero (2008: 68) ha destacado críticamente que la aprobación de nuevos estatutos regionales que condicionan la integridad del modelo de financiación del Estado supone la inhibición de éste con respecto a la reglamentación racional e integral de las bases de la financiación local. De lo cual podrían derivarse tanto la quiebra de un régimen local homogéneo para todo el territorio nacional, lo que afectará a la garantía de solidaridad y cohesión ya deteriorada por la existencia de los privilegiados regímenes forales, y el cuestionamiento de la autonomía política local al convertirse sus entes en meros ejecutores de la voluntad de las comunidades autónomas. Dado que la generalidad de los estudios sobre las haciendas locales suelen comenzar entonando la letanía sobre su olvido, debilidad e infradotación crónica y transcurridos ya treinta años de ayuntamientos democráticos cabe pensar que no nos encontramos frente a un “olvido” sino a un rasgo estructural que no se modifica porque no hay actores políticos interesados en ello. Por una parte, las elites locales fragmentadas no están interesadas en que disminuya el número de cargos políticos y por tanto su tamaño. Los partidos políticos perderían una valiosa fuente de financiación ilegal vía la corrupción urbanística que se utiliza impropiamente para recabar fondos que no llegan de otras fuentes (Zornoza, Martín Fernández 2008).

“Históricamente, el personal al servicio de las entidades locales se ha mantenido al margen de los grandes hitos profesionalizadores que han afectado al personal de la Administración General del Estado lo que ha consagrado cierta excepcionalidad. A ello hay que añadir que su institucionalización en el nuevo régimen democrático ha impulsado el predominio de la figura de la contratación laboral en detrimento del modelo funcionarial para la configuración de su sistema de empleo, dejándolo en las manos de las nuevas elite locales. El resultado es que las entidades locales se han convertido en uno de los viveros de nuestro Estado de partidos y un escenario privilegiado para el desarrollo de prácticas clientelares y patrimonializadoras de lo público por parte de dichos partidos

“El personal laboral contratado por los ayuntamientos ha pasado de 64.766 en 1975 a 397.958 en 2010, un aumento del 614,5 por cien. Cabe pensar sin un ejercicio desmedido de imaginación que el vertiginoso reclutamiento de buena parte de estos últimos y de los funcionarios de cada corporación ha solido seguir las pautas adscriptivas y particularistas que caracterizan históricamente a la sociedad española y a las prácticas clientelares que definen a nuestro Estado de partidos. Criterios lejanos en todo caso de los principios de mérito y capacidad que se consagran formalmente en la Constitución de 1978.”